El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, confirmó hoy que apelará el fallo judicial que frenó la instalación de cámaras de seguridad en las escuelas y enfatizó que el sistema es "para cuidar los bienes", no para "saber si los chicos de sexto grado tiran tizas o no" o si los alumnos "se copian o no".
"Esto es un absurdo", resumió el funcionario macrista sobre la decisión que tomó la jueza Elena Liberatori tras un amparo presentado por los padres de cuatro estudiantes y respaldado por el gremio docente UTE-Ctera y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH).
En su reclamo, los querellantes pidieron la prohibición de las cámaras "para preservar la intimidad de los alumnos", y la jueza les dio la razón.
En declaraciones a Radio 10, Montenegro remarcó que "queda claro que las cámaras y las alarmas se prenden cuando no queda nadie en la escuela, pero bueno, indudablemente es gente que tiene ganas de gastar tiempo y papel", y aseveró que aunque esto "no amerita casi ni la apelación, porque nunca se pensó en ver qué hacen los chicos en el colegio", la Ciudad echará mano a ese recurso judicial.
La decisión de la jueza –que integra el grupo de magistrados enfrentados con la gestión de Mauricio Macri– se conoció ayer a la mañana y desde entonces generó cruces y distintas interpretaciones entre el gremio docente, los padres que presentaron el amparo y los funcionarios porteños. El primer paso lo dio Eduardo López, secretario general de UTE-Ctera.
El gremio dio una conferencia de prensa para presentar el fallo. "Queremos cámaras pero no dentro de las escuelas . No vamos a permitir que violen las libertades públicas de nuestros alumnos porque entendemos que no son objetos de observación de nadie, sino que son sujetos de derecho y por eso fuimos a la Justicia, que finalmente nos dio la razón", dijo López. Y aseguró que la Ciudad ya tiene lista una licitación para colocar cámaras de audio y video dentro de 90 instituciones (jardines de infantes, primarias, y secundarias) que serán monitoreadas por empresas privadas de seguridad.
Fuente: http://www.clarin.com/
En su reclamo, los querellantes pidieron la prohibición de las cámaras "para preservar la intimidad de los alumnos", y la jueza les dio la razón.
En declaraciones a Radio 10, Montenegro remarcó que "queda claro que las cámaras y las alarmas se prenden cuando no queda nadie en la escuela, pero bueno, indudablemente es gente que tiene ganas de gastar tiempo y papel", y aseveró que aunque esto "no amerita casi ni la apelación, porque nunca se pensó en ver qué hacen los chicos en el colegio", la Ciudad echará mano a ese recurso judicial.
La decisión de la jueza –que integra el grupo de magistrados enfrentados con la gestión de Mauricio Macri– se conoció ayer a la mañana y desde entonces generó cruces y distintas interpretaciones entre el gremio docente, los padres que presentaron el amparo y los funcionarios porteños. El primer paso lo dio Eduardo López, secretario general de UTE-Ctera.
El gremio dio una conferencia de prensa para presentar el fallo. "Queremos cámaras pero no dentro de las escuelas . No vamos a permitir que violen las libertades públicas de nuestros alumnos porque entendemos que no son objetos de observación de nadie, sino que son sujetos de derecho y por eso fuimos a la Justicia, que finalmente nos dio la razón", dijo López. Y aseguró que la Ciudad ya tiene lista una licitación para colocar cámaras de audio y video dentro de 90 instituciones (jardines de infantes, primarias, y secundarias) que serán monitoreadas por empresas privadas de seguridad.
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