En la última semana numerosos medios periodísticos han reflejado de distinta manera los informes publicados recientemente por Unicef y Flacso acerca de la violencia que se manifiesta en las escuelas, resaltando –quizás no tan inocentemente-, que la violencia escolar es mayor en escuelas privadas que en las públicas.
En virtud del conocimiento de la realidad docente en escuelas privadas y del escenario en el que supuestamente se desarrollan estas situaciones violentas, creemos que sería ingenuo reducir el fenómeno descripto a un conflicto de tipo clasista, discriminatorio y adolescente simplemente. Tampoco sería verdadero afirmar simplemente que la violencia se manifiesta en mayor medida en escuelas privadas que en las públicas, ya que un fenómeno complejo por la multicausalidad de factores que intervienen no puede, como dijimos al comienzo, simplemente reducir a los escenarios investigados.
La violencia expresada en grado de hostigamientos verbales, humillaciones y tratos discriminatorios remite sin dudas a un proceso de descalificación social que poco a poco se instala como una descalificación psicológica de la víctima. Sin embargo, ese fenómeno descalificatorio es puesto de manifiesto en la sociedad argentina en forma cotidiana, por lo que es comprensible que los adolescentes y niños trasladen y reproduzcan tales conductas descalificatorias en su vida social que desarrollan con mayor intensidad en los intercambios producidos en la escuela, por otro lado el lugar donde pasan la mayor parte de su día. No debería soslayarse tampoco que los adolescentes tienden a manifestar su rebeldía natural de distintas maneras, algunas de las cuales incluyen actos violentos como expresiones de conflictos internos, frustraciones y desengaños, propios de esta etapa. Es que la energía adolescente reclama de los adultos mayor grado de compromiso con su pedido de participación y diálogo y, por que no decirlo también, límites. Allí la responsabilidad de la escuela como espacio no sólo de transmisión de conocimientos, sino pensado también como espacio social debiera repensar justamente cuáles son los espacios de participación que está ofreciendo a los alumnos por ejemplo en la posibilidad de inclusión de los centros de estudiantes en la vida activa de la escuela y de su vinculación con la comunidad. En este sentido sí es cierto que las escuelas privadas tienden a condicionar estas actividades, a diferencia de la escuela pública, y de este modo queda también desaprovechada la oportunidad de vincular a los jóvenes alumnos a tareas con compromiso social y pertenencia a la comunidad. Vinculado también a la participación, pero esta vez también de los padres y la familia, aparece la posibilidad de discusión de los reglamentos de convivencia que, incluyan la mediación y el diálogo antes de la sanción disciplinaria sin juicio previo y sin posibilidad de enmienda y reparación.
Por otra parte, también los docentes son vinculados a las situaciones de violencia ya sea cuando son victimizados de alguna manera por padres y /o alumnos, como cuando se los indica como los responsables de contener y conducir los conflictos violentos que se exteriorizan en la escuela, haciéndolos depositarios de una enorme y titánica tarea.
Por ello, y en este trazado complejo no podemos dejar de referirnos a la escuela misma como el escenario donde se desarrollan y detonan los conflictos interpersonales y una realidad social conflictiva, donde las relaciones de poder y sumisión son ejercidas a veces de manera sutil y a veces detonan en estallidos de violencia o descontrol. Y es en ese ámbito de choques interpersonales donde concretamente debieran analizarse también los diarios hechos de violencia psicológica a que son sometidos los docentes, no sólo por parte de los padres de los alumnos que no aprueban un examen o no pasan de grado, sino también por la desconfianza de algunos directivos que cuestionan la autoridad misma del docente en el aula y ante los padres exponiéndolos en lugar de defenderlos; que abarrotan de alumnos las aulas reduciendo el hábitat escolar y enfrentando al docente con el problema para mantener la disciplina y el orden del curso, que exigen cada vez más dedicación horaria para actividades extra sin rentar, y que cuando el trabajador docente reclama por sus derechos es señalado y perseguido como el responsable de la mala calidad educativa argentina. Todo esto para no entrar en situaciones particulares de persecución o lo que en derecho laboral se denomina mobbing o acoso psicológico.
La falta de coherencia entre el discurso de ideario humanista o religioso que predican la institución escolar contrasta con el trato discriminatorio al que ubican a los docentes cuando ellos mismos no cumplen con las normativas laborales mínimas, y me pregunto: ¿no es eso también Violencia? Lo que preocupa es la incoherencia con la que se pretende exigir que los docentes una vez más se hagan cargo - nada más ni nada menos- de un problema tan grave y acuciante como es la violencia que experimentan los alumnos dentro y fuera de la escuela.
El primer instrumento para comenzar a abordar seriamente el problema es el diálogo, y el segundo es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ya que al fin y al cabo los adultos somos responsables y espejos de nuestros alumnos.
Dra. Mónica Figueroa - Asesora SADOP
Secretaría de Prensa CDN SADOP
Por otra parte, también los docentes son vinculados a las situaciones de violencia ya sea cuando son victimizados de alguna manera por padres y /o alumnos, como cuando se los indica como los responsables de contener y conducir los conflictos violentos que se exteriorizan en la escuela, haciéndolos depositarios de una enorme y titánica tarea.
Por ello, y en este trazado complejo no podemos dejar de referirnos a la escuela misma como el escenario donde se desarrollan y detonan los conflictos interpersonales y una realidad social conflictiva, donde las relaciones de poder y sumisión son ejercidas a veces de manera sutil y a veces detonan en estallidos de violencia o descontrol. Y es en ese ámbito de choques interpersonales donde concretamente debieran analizarse también los diarios hechos de violencia psicológica a que son sometidos los docentes, no sólo por parte de los padres de los alumnos que no aprueban un examen o no pasan de grado, sino también por la desconfianza de algunos directivos que cuestionan la autoridad misma del docente en el aula y ante los padres exponiéndolos en lugar de defenderlos; que abarrotan de alumnos las aulas reduciendo el hábitat escolar y enfrentando al docente con el problema para mantener la disciplina y el orden del curso, que exigen cada vez más dedicación horaria para actividades extra sin rentar, y que cuando el trabajador docente reclama por sus derechos es señalado y perseguido como el responsable de la mala calidad educativa argentina. Todo esto para no entrar en situaciones particulares de persecución o lo que en derecho laboral se denomina mobbing o acoso psicológico.
La falta de coherencia entre el discurso de ideario humanista o religioso que predican la institución escolar contrasta con el trato discriminatorio al que ubican a los docentes cuando ellos mismos no cumplen con las normativas laborales mínimas, y me pregunto: ¿no es eso también Violencia? Lo que preocupa es la incoherencia con la que se pretende exigir que los docentes una vez más se hagan cargo - nada más ni nada menos- de un problema tan grave y acuciante como es la violencia que experimentan los alumnos dentro y fuera de la escuela.
El primer instrumento para comenzar a abordar seriamente el problema es el diálogo, y el segundo es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ya que al fin y al cabo los adultos somos responsables y espejos de nuestros alumnos.
Dra. Mónica Figueroa - Asesora SADOP
Secretaría de Prensa CDN SADOP